El próximo 8 de febrero se cumplirán tres años de la publicación del RD 183/2008 por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. Con este real decreto se ponía fin a años de reivindicaciones de un colectivo, el de los especialistas en formación, que veía como se pergeñaba el marco legal que diera cabida a su actividad formativa. Y es que en el año 2006 vio la luz el primero de los decretos, el que regulaba la relación laboral especial de los especialistas en formación, que había servido de pistoletazo de salida para la normalización de un grupo de profesionales hasta entonces en el limbo (tanto laboral como formativo).
Llegaban vientos frescos que animaban al asociacionismo como nunca antes habíamos visto. Se ajustaban condiciones laborales mantenidas durante años en un nivel de precariedad injustificable y se hablaba claramente del papel asistencial, docente e investigador de unos profesionales con gran avidez por una formación excelente. Por fin se hablaba de tutores, de comisiones de docencia, de responsabilidad progresiva, de evaluación, de estancias formativas en otros centros, etc. y se hacía dentro de un Real Decreto que debía ser punto de partida de otras normas autonómicas que terminaran de configurar, atendiendo a las características propias de cada región, los aspectos más concretos de esta norma.
Hasta ahí, los fuertes aires nuevos habían traído aromas de cambio, de progreso hacia una mejor articulación de nuestro sistema formativo. Creímos que pasaría igual que con el decreto anterior y que en un año (el tiempo que la norma daba a los legisladores autonómicos para adaptar la ley a sus territorios) tendríamos 17 órdenes con sus correspondientes desarrollos. Vimos con admiración como algunas comunidades los aprobaban incluyendo grandes avances en cuanto a tiempos de dedicación para los tutores y creímos que las demás comunidades copiarían el modelo – con algún pequeño ajuste – y se irían aprobando poco a poco en todas las regiones. Pero entonces el viento fue amainando, como habitualmente suele ocurrir, y nuestra voz ya no se dejaba oír con tanta fuerza. Fueron pasando los meses y los años y a día de hoy el panorama no puede ser más desalentador. Apenas cuatro o cinco Comunidades Autónomas han hecho públicos sus órdenes/decretos cuando se van a cumplir dos años del vencimiento de la moratoria para haberlos desarrollado.
Este “vacío legal” no es nada trivial y ha dejado a la luz numerosos incidentes como consecuencia del déficit de desarrollo normativo. Así tenemos que el papel del residente de primer año (R1) se ha visto seriamente alterado en muchos lugares, sobre todo en el área de urgencias, cuando se ha pasado a interpretar literalmente la ley. Y por eso la intención de garantizar una asistencia de mayor calidad y seguridad al paciente por parte de estos médicos recién incorporados al sistema, así como una supervisión que garantice la docencia y el adecuado aprendizaje, se ha desvanecido en numerosísimos modelos de ajuste que en muchas ocasiones han derivado en soluciones para salir al paso muy alejadas del espíritu de la ley. Hemos llegado incluso a ver huelga de residentes por este motivo en ciudades como Granada, demostrando de nuevo que unidos somos un colectivo fuerte. Y al final seguimos viviendo situaciones en algunos centros como la de ver a licenciados en medicina (médicos de pleno derecho) atendiendo como estudiantes sin poder hacer nada más que mirar. Seguimos también teniendo tutores que no pueden dedicar más tiempo que el que pueden para orientar la formación de sus residentes. Son elegidos para un trabajo que en contadas ocasiones recibe alguna compensación y que en la mayoría de las veces no se presta a evaluación ni seguimiento de ningún tipo. Y si hablamos del sistema de evaluación no podemos dejar de lado el que para muchos es hoy un sistema obsoleto como es el “Libro del residente”. Porque para muchos éste no sirve como herramienta evaluadora, sino como un mero cuaderno de firmas, números y procedimientos alistados sin más.
¿Y a qué se debe esto? Muchos pensamos que la demora sigue una razón fundamentada, que no fundamental, en la aprobación del futuro decreto de la llamada “Troncalidad”. Porque es verdad que sin esta futura ley muchos aspectos del decreto formativo quedan algo cojos, o cuanto menos, faltos de esencia. Pero, ¿es suficiente excusa? ¿Se esconde algo más? Desde luego la respuesta la tienen quienes no han cumplido con las exigencias de la ley, pero una vez más vemos con tristeza como la influencia política y de la administración dejan su huella en la formación de los especialistas del futuro. Podríamos quejarnos amargamente de que hemos perdido una oportunidad de oro de hacer una reforma profunda en nuestro sistema de formación, imbricando aún más el pregrado con el postgrado. Y lo cierto es que hubo una posibilidad, pero muchas dificultades. Lamentarse no va a solucionar nada y criticar el pasado aún menos, pero debe servirnos de acicate para trabajar en el presente por un futuro que sí tiene posibilidades de mejorar.
Si algo se llevó el viento de los decretos MIR fue el ímpetu de quienes se sentaron a negociar por una mejora que aún hoy no ha terminado de completarse. A ellos les debemos que sigamos tratando de llegar a acuerdos que mejoren la formación de nuestros profesionales. Y a fe que no es tarea fácil, pero si algo nos trajo el viento es conciencia de que se puede conseguir.
Fernando Rivas Navarro
Vocal Nacional de Médicos en Formación y/o Postgrado. OMC
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